La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es una de esas normas que se estudian poco a fondo porque «suena a algo de sentido común», y precisamente por eso genera preguntas trampa en el examen. Se estructura en tres bloques de contenido que conviene tener bien diferenciados: publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno.
¿Qué es la publicidad activa?
La publicidad activa es la obligación que tienen las administraciones públicas de publicar, por iniciativa propia y sin que nadie lo solicite, determinada información relevante para garantizar la transparencia de su actividad. La ley distingue varios tipos de información que debe publicarse:
- Información institucional, organizativa y de planificación: funciones, normativa aplicable, estructura organizativa, planes y programas.
- Información de relevancia jurídica: directrices, instrucciones, anteproyectos de ley, memorias e informes.
- Información económica, presupuestaria y estadística: contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y retribuciones de altos cargos.
Todo esto se canaliza a través del Portal de Transparencia, el punto de acceso único donde los ciudadanos pueden consultar esta información sin necesidad de solicitarla expresamente.
¿En qué consiste el derecho de acceso a la información pública?
A diferencia de la publicidad activa, el derecho de acceso se activa cuando una persona solicita expresamente información que está en poder de la Administración. Los puntos que más suelen preguntarse son:
- Es un derecho reconocido a cualquier persona, sin necesidad de motivar la solicitud ni de acreditar un interés específico.
- La Administración debe resolver en el plazo máximo de un mes, que puede ampliarse por otro mes si el volumen o complejidad de la información lo justifica.
- Si no se contesta en plazo, la solicitud se entiende desestimada (silencio administrativo negativo), a diferencia del silencio positivo que se aplica en otros procedimientos.
- Existen límites al derecho de acceso: seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, protección de datos personales, investigaciones en curso, entre otros recogidos expresamente en la ley.
¿Qué es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
Es el organismo público encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y resolver las reclamaciones que presenten los ciudadanos cuando consideran que su solicitud de acceso a la información ha sido denegada o resuelta de forma inadecuada. Esta reclamación ante el Consejo es, además, un requisito previo a acudir a la vía contencioso-administrativa.
¿Qué regula el bloque de «buen gobierno» de la ley?
El tercer bloque de la ley establece los principios éticos y de actuación que deben cumplir los altos cargos de la Administración, así como el régimen de infracciones y sanciones aplicable cuando se incumplen. Aunque este apartado se dirige específicamente a altos cargos y no al personal técnico, forma parte del contenido de la ley que puede aparecer citado en el examen.
¿Por qué le importa esto a un TAI?
Porque buena parte de la administración electrónica pasa por sistemas de información que dan soporte precisamente a estas obligaciones: portales de transparencia, sistemas de gestión de solicitudes de acceso, registros de contratos y subvenciones publicados en abierto. Entender el marco legal ayuda a entender por qué existen determinados sistemas y flujos de información que un TAI puede acabar gestionando o dando soporte técnico.
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¿Hay que motivar una solicitud de acceso a la información pública?
No. Cualquier persona puede solicitarla sin necesidad de justificar el motivo ni acreditar un interés específico.
¿Qué pasa si la Administración no responde en plazo a una solicitud de acceso?
Se entiende desestimada por silencio administrativo negativo, a diferencia de otros procedimientos donde el silencio es positivo.
¿Cuál es la diferencia entre publicidad activa y derecho de acceso?
La publicidad activa es información que la Administración publica por iniciativa propia sin que nadie la pida. El derecho de acceso se activa cuando una persona solicita expresamente información concreta.
¿Qué organismo resuelve las reclamaciones sobre acceso a la información?
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya reclamación es además previa obligatoria antes de acudir a la vía contencioso-administrativa.