Un acto administrativo puede tener un vicio grave o uno leve, y la Ley 39/2015 no los trata igual. Si el vicio es grave (por ejemplo, lo dicta un órgano manifiestamente incompetente), el acto es nulo de pleno derecho: se considera que nunca produjo efectos válidos y se puede revisar en cualquier momento. Si el vicio es menos grave (una infracción del ordenamiento jurídico que no encaja en las causas tasadas de nulidad), el acto es anulable: produce efectos mientras no se anule, se puede subsanar y prescribe con el tiempo. Aquí tienes las causas de cada uno, la diferencia práctica entre ambos y los trucos para no confundirlos el día del examen.
En este artículo
- ¿Qué diferencia hay entre nulidad y anulabilidad?
- ¿Cuáles son las causas de nulidad de pleno derecho?
- ¿Qué actos son solo anulables?
- ¿Se pueden subsanar o convalidar estos vicios?
- Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre nulidad y anulabilidad?
La nulidad de pleno derecho (artículo 47 de la Ley 39/2015) se reserva para los vicios más graves, y solo se aplica a las causas que la ley enumera de forma cerrada (una lista tasada). La anulabilidad (artículo 48) es la regla general residual: cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no encaje en una causa de nulidad convierte el acto en anulable, incluida la desviación de poder.
Consulta antes la guía general de la Ley 39/2015 y 40/2015 para el TAI si necesitas repasar el resto del procedimiento administrativo antes de entrar en estos matices.
| Aspecto | Nulidad de pleno derecho | Anulabilidad |
|---|---|---|
| Causas | Tasadas (lista cerrada, art. 47) | Cualquier infracción del ordenamiento (art. 48) |
| Prescripción | Imprescriptible | Prescribe (plazos de recurso) |
| Revisión de oficio | Posible en cualquier momento | Solo dentro de plazo, por lesividad |
| Subsanación | No se puede subsanar | Se puede subsanar o convalidar |
¿Cuáles son las causas de nulidad de pleno derecho?
El artículo 47 recoge, entre otras, estas causas: que el acto lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; que lo dicte un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; que tenga un contenido imposible; que sea constitutivo de infracción penal o se dicte como consecuencia de ella; que se dicte prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las reglas esenciales para formar la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para ello; y cualquier otro que una norma con rango de ley establezca expresamente.
Los actos administrativos son de las partes más densas del Bloque I
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Todo lo que no encaje en esa lista cerrada del artículo 47 es anulable por defecto. El artículo 48 lo dice de forma expresa: son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder (usar una potestad administrativa para un fin distinto al previsto por la norma). También son anulables los defectos de forma cuando el acto no alcanza el fin buscado o produce indefensión al interesado; si el defecto de forma no llega a ese nivel, se considera una simple irregularidad no invalidante y el acto se mantiene válido.
¿Se pueden subsanar o convalidar estos vicios?
Los actos anulables se pueden convalidar: la Administración subsana el defecto y el acto pasa a producir efectos válidos desde ese momento (no de forma retroactiva). Los actos nulos de pleno derecho no admiten convalidación, precisamente porque la ley considera que el vicio es tan grave que no puede sanarse; la única salida es declarar la nulidad, de oficio por la propia Administración o a instancia del interesado, sin límite de plazo.
Un matiz que suele aparecer en el examen: aunque la nulidad se puede declarar en cualquier momento, la propia Ley 39/2015 pone un límite a la revisión de oficio cuando esta se ejerce en contra del interesado que se benefició del acto: si han transcurrido más de cuatro años desde que se dictó el acto favorable y su ejercicio resultaría contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes, la Administración puede optar por acudir a los tribunales para pedir la declaración de lesividad en lugar de anularlo directamente por sí misma.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el truco para no confundir nulidad y anulabilidad en el examen?
Piensa en la nulidad como la excepción (una lista cerrada de causas muy graves) y en la anulabilidad como la regla general (cualquier otra infracción del ordenamiento). Si la pregunta describe un supuesto que no aparece expresamente en el artículo 47, casi siempre la respuesta correcta es anulabilidad.
¿Qué es la desviación de poder?
Es usar una potestad administrativa para conseguir un fin distinto de aquel para el que la norma la otorgó, aunque formalmente se respete el procedimiento. La Ley 39/2015 la cita expresamente como causa de anulabilidad, no de nulidad.
¿Un defecto de forma siempre anula el acto?
No. Solo si ese defecto hace que el acto no alcance su fin o genera indefensión al interesado. Si es un defecto menor que no afecta al fondo, se considera una irregularidad no invalidante y el acto sigue siendo válido.
¿Hasta cuándo se puede pedir la nulidad de un acto?
La nulidad de pleno derecho es imprescriptible: se puede solicitar en cualquier momento, sin plazo. La anulabilidad, en cambio, solo se puede hacer valer mientras estén abiertos los plazos de recurso o de revisión de oficio por lesividad.
¿Qué pasa si la nulidad de un acto afecta a actos posteriores que dependen de él?
La regla general es que la nulidad o anulación de un acto no implica automáticamente la de los sucesivos actos del procedimiento que sean independientes del primero, salvo que la Administración aprecie que esos actos posteriores dependen directamente del acto viciado.
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